Juicio rápido: qué es y cómo funciona

Los juicios rápidos son un procedimiento judicial que se utiliza en España para tratar delitos menos graves de manera ágil y eficiente.

En este artículo, vamos a explicar en qué consisten los juicios rápidos, cómo funcionan y las principales características que debes conocer.

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Qué es un juicio rápido

Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juicio rápido es un procedimiento penal especial que se aplica a delitos castigados con penas de prisión que no excedan de cinco años u otro tipo de pena que no supere los diez años.

Los juicios rápidos ofrecen una resolución más rápida y sencilla que los procesos judiciales ordinarios, buscando agilizar la administración de justicia.

Un ejemplo de delito que podría ser juzgado en un juicio rápido es un hurto. Supongamos que una persona es detenida por la Policía Nacional en un centro comercial por haber sustraído varias prendas de ropa. El valor total de lo sustraído asciende a 300 euros, por lo que se trata de un delito de hurto de menor cuantía.

El detenido es puesto a disposición judicial y se inicia el procedimiento de juicio rápido. En la vista, el juez le informa de los hechos que se le imputan y le propone una pena de multa de 2 meses a razón de una cuota diaria de 6 euros. El acusado acepta la pena propuesta por el juez, por lo que se dicta sentencia y se da por concluido el procedimiento.

Requisitos del juicio rápido

Los requisitos para que un asunto pueda tramitarse mediante un juicio rápido son los siguientes:

  • Iniciación del juicio mediante un atestado policial: el proceso debe comenzar con un informe policial que detalle el delito cometido.
  • Comisión de un delito flagrante: el delito debe ser flagrante, es decir, el autor ha sido sorprendido cometiendo el delito o inmediatamente después. Esto está previsto en el artículo 795.2ª de la LECrim.
  • Penas aplicables: el delito debe estar castigado con una pena privativa de libertad que no exceda los cinco años o cualquier otra pena que no supere los diez años.
  • Detención y disposición judicial: debe haber ocurrido la detención de una persona, quien luego es puesta a disposición del juzgado de guardia o citada en calidad de denunciado.
  • Simplicidad de la instrucción: el delito debe ser de tal naturaleza que su investigación o instrucción se presuma sencilla, sin necesidad de procedimientos extensos o complejos.
  • No aplicable a casos con secreto de sumario: no se debe tratar de casos en los que sea procedente acordar el secreto de las actuaciones.

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¿Cuáles son los delitos que se pueden juzgar en un juicio rápido?

No todos los delitos pueden enjuiciarse mediante un juicio rápido. Los delitos que pueden acabar en juicio rápido están definidos en el artículo 795.2ª LECrim, siendo los siguientes:

  • Juicio rápido por Daños: actos que destruyen o inutilizan bienes ajenos.
  • Juicios rápido por Violencia de género: actos de violencia física o psicológica aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad

Cómo funciona el juicio rápido

El juicio rápido se inicia cuando una persona es detenida por la comisión de un delito menos grave. En ese momento, se le informa de sus derechos y se le pone a disposición judicial.

A partir de ahí, se inicia el procedimiento de juicio rápido, se desarrolla en varias fases claramente definidas:

  • Inicio del procedimiento: el juicio rápido se inicia con la detención de una persona por la comisión de un delito menos grave, en el que se informa al detenido de sus derechos y se le pone a disposición judicial. Esto ocurre generalmente en situaciones flagrantes donde la policía actúa directamente.
  • Apertura de diligencias: una vez que la persona es detenida, los agentes de la policía judicial tienen un plazo de 72 horas para realizar diversas actuaciones antes de poner al detenido a disposición judicial. Esto incluye solicitar informes médicos forenses, realizar pruebas de alcoholemia o drogas, informar detalladamente al detenido de sus derechos y citar a testigos necesarios para el proceso.
  • Instrucción en el juzgado de guardia: esta fase se desarrolla en el juzgado de guardia donde el juez, junto con el fiscal, examina las pruebas presentadas y puede solicitar diligencias adicionales urgentes. Durante esta etapa, el juez puede decidir sobre la imposición de medidas cautelares o llegar a una sentencia de conformidad si el acusado y el fiscal llegan a un acuerdo sobre la pena.
  • Propuesta y aceptación de la pena: el juez de guardia propone una pena para el delito cometido. Si el detenido acepta esta pena, se puede dictar la sentencia de manera inmediata. En caso contrario, si el detenido no acepta la pena propuesta, el caso se convierte en un juicio ordinario.
  • Juicio oral: si no hay acuerdo en la fase de instrucción, se procede a la apertura del juicio oral. Este debe celebrarse dentro de los 15 días siguientes a la instrucción, y el juicio se lleva a cabo ante el Tribunal Penal.
  • Sentencia y recursos: después del juicio oral, el juez tiene un plazo de 3 días para emitir la sentencia. Esta sentencia puede ser recurrida mediante un recurso de apelación dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

Es importante tener en cuenta que el procedimiento de juicio rápido se lleva a cabo con celeridad, por lo que es fundamental contar con la asistencia de un abogado especializado en la materia para garantizar la defensa de los intereses del acusado.

Coste de un abogado para un juicio rápido

En términos generales, es común que los honorarios de un abogado para un juicio rápido se sitúen entre los 300 y los 800 euros. Sin embargo, estos costes pueden varias en función del delito juzgado.

Por ello, estos son los rangos de precios en función del delito que se juzgue:

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¿Es mejor ir un juico rápido con abogado de oficio o privado?

Aunque los abogados de oficio ofrecen una opción accesible, hay varias razones por las que optar por un abogado privado podría ser considerablemente más ventajoso.

  • Experiencia generalista: si bien los abogados de oficio cuentan con experiencia en una variedad de casos, pueden carecer de la especialización necesaria para casos más complejos o específicos dentro de los juicios rápidos.
  • Asignación aleatoria: la asignación de un abogado de oficio es aleatoria, lo que significa que el acusado no tiene control sobre quién defenderá su caso, lo que puede resultar en una menor personalización y entendimiento mutuo.
  • Elección personal y especialización: la posibilidad de elegir a un abogado basado en su especialización y experiencia en casos similares es una ventaja significativa. Un abogado privado a menudo posee conocimientos específicos en áreas del derecho que son directamente relevantes para el caso en cuestión, lo cual es un recurso invaluable en un juicio rápido.
  • Dedicación al caso: contratar a un abogado privado asegura un compromiso más profundo con el caso. Los abogados privados, al ser remunerados directamente por sus servicios, tienen un incentivo económico para dedicar más tiempo y recursos a asegurar el mejor resultado posible para su cliente.

¿Cuánto tiempo tarda un juicio rápido?

Los plazos de un juicio rápido tiene la siguiente duración aproximada:

  • Realización de la vista (audiencia): esta se desarrolla en un solo acto y, si es necesario, puede continuar dentro de los 15 días siguientes. Esto significa que la duración máxima de la vista podría ser de hasta 15 días, si se requiere más de una sesión para completarla.
  • Dictado de sentencia: una vez concluida la vista, el juez tiene un plazo de 3 días para dictar la sentencia.

Por lo tanto, si el juicio se lleva a cabo de forma fluida y sin retrasos adicionales, el tiempo total desde el inicio de la vista hasta el dictado de la sentencia sería de un máximo de 18 días.

¿Cuáles son las penas en un juicio rápido?

En un juicio rápido, la determinación de la pena se realiza dependiendo del delito que se este enjuiciando, estando diseñados para casos menos graves, donde las penas privativas de libertad no superan los cinco años, o penas de otro tipo que no excedan los diez años.

Por ello, estas son las penas que pueden derivar en un juicio rápido:

  • Hurto (Art. 234): prisión de hasta tres años si el valor hurtado no supera los 400 euros; penas mayores si excede esa cantidad.
  • Robo (Arts. 237242): prisión de uno a cinco años, dependiendo de factores como la fuerza o intimidación empleadas.
  • Delitos contra la seguridad del tráfico (Arts. 379-385): prisión de hasta dos años y posible retirada de la licencia de conducir.
  • Daños (Art. 263): Prisión de seis meses a dos años, según la gravedad.
  • Propiedad intelectual e industrial (Arts. 270, 273, 274, 275): prisión de seis meses a dos años para infracciones como reproducción o distribución no autorizada.

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¿Qué pasa si no me presento a un juicio rápido?

Si el acusado no se presenta a la vista de un juicio rápido, el procedimiento puede continuar de acuerdo con el artículo 786.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) en España.

En caso de que la pena solicitada sea superior a 2 años, el juzgado puede emitir una orden de búsqueda y captura del acusado, y el juicio se pospondrá hasta su comparecencia. Adicionalmente, si la ausencia es injustificada, se podría imponer una multa de entre 200 y 2.000 euros según el artículo 967.2 de la LECrim.

¿Cuáles son las ventajas de un juicio rápido?

Este tipo de procedimiento permite una resolución más rápida de los casos, lo que reduce la congestión en los tribunales y acelera la administración de justicia.

Al resolver los asuntos legales en un tiempo reducido, se disminuyen los costos asociados para el sistema judicial y para las partes involucradas, facilitando un menor desgaste emocional y financiero para los acusados y sus familias.

Además, los juicios rápidos pueden beneficiar a los acusados al ofrecer la posibilidad de reducciones en las penas si se declara culpable, incentivando resoluciones consensuadas que evitan procedimientos más largos y complejos.

¿Qué es la sentencia de conformidad en un juicio rápido? ¿Se puede recurrir?

La sentencia de conformidad en un juicio rápido es una figura legal mediante la cual el acusado acepta su culpabilidad conforme a los cargos presentados y, a cambio, recibe una pena reducida.

Esta opción es especialmente conveniente cuando la prueba en contra es contundente y no puede ser eficazmente impugnada. Al aceptar la conformidad, el procedimiento se acelera considerablemente, ya que se evita la necesidad de practicar la prueba, permitiendo un cierre más rápido del caso.

Esto no solo reduce el tiempo y recursos invertidos en el juicio, sino que también beneficia al acusado al reducir la pena que podría haberse impuesto tras un juicio completo.

En cuanto a la posibilidad de recurrir una sentencia de conformidad, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que generalmente no se puede recurrir en casación.

La razón de esto se fundamenta en principios legales como el de no actuar contra los propios actos y la seguridad jurídica, reflejada en la norma “pacta sunt servanda” que significa que los acuerdos deben cumplirse.

Sin embargo, según el artículo 787.7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una sentencia de conformidad puede ser recurrida si no se han respetado los requisitos legales o los términos acordados.

Esto implica que, aunque el acusado haya aceptado la sentencia, aún hay margen para recurrir si el acuerdo no se ha ejecutado correctamente o si los términos legales no se han seguido adecuadamente.

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¿Qué diferencia hay entre un juicio rápido y un procedimiento ordinario?

La principal diferencia entre un juicio rápido y un procedimiento ordinario es la rapidez y la sencillez del primero.

En un juicio rápido se busca la resolución del caso en un plazo máximo de 10 días, mientras que en un procedimiento ordinario pueden transcurrir varios meses hasta que se dicte sentencia.

Además, el juicio rápido se centra en la confesión del acusado y su conformidad con la pena propuesta, lo que permite una resolución más rápida del caso.

¿Cómo encontrar un abogado para un juicio rápido?

Si deseas consultar con un abogado especialista, te invitamos a rellenar el formulario disponible en esta misma página en la que te encuentras ahora.

Tras ello, tu petición se enviará a Melendos, una plataforma legal de confianza que conecta a personas como tú con abogados, permitiéndote obtener presupuestos de hasta tres abogados especializados.

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