¿Sabes cuánto cuesta un abogado en un juicio rápido por Atentado contra la Autoridad?
Si alguna vez te has preguntado sobre el coste de un profesional para este tipo de casos, estás en el lugar indicado.
Te contamos todo lo que debes saber sobre el Atentado a la Autoridad y cuánto cuesta un abogado para defender a un afectado.
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¿Qué es un atentado contra la autoridad?
En el marco legal, el concepto de atentado contra la autoridad va mucho más allá de un simple desacuerdo o conflicto.
Este delito, se encuentra recogido en los artículos 550 a 556 del Código Penal. En él se fijan las conductas que atentan directamente contra el núcleo de la autoridad pública.
No se trata solo de un acto físico de agresión, también considera otro tipo de acciones:
- Resistencia grave
- Intimidación
- Uso de violencia contra aquellos que ejercen funciones de autoridad, incluyendo no solo a funcionarios públicos y sus agentes sino también a aquellos en el ejercicio de sus cargos o en ocasión de ellos.
¿Cuánto cuesta un abogado para un juicio por atentado contra la autoridad ?
Hablar de dinero es necesario, especialmente cuando se enfrenta a un juicio por atentado contra la autoridad.
Los costes pueden variar significativamente, pero generalmente se encuentran en un rango que va desde 500€ como precio mínimo, hasta los 1.200€. Por norma general, dentro de estos rangos, el coste puede situarse en una media 700€.
¿Quiénes están considerados como autoridad en España?
En general, se consideran figuras de autoridad a aquellos individuos que ostentan un cargo público y tienen asignadas funciones de mando, decisión o ejecución en nombre del Estado o de las entidades locales.
Esto abarca, pero no se limita a, los siguientes roles:
- Funcionarios públicos: incluye a aquellos que trabajan para el Estado o sus organismos descentralizados, ejerciendo funciones administrativas, judiciales o legislativas (jueces, fiscales y empleados de las administraciones públicas).
- Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Policías nacionales, Guardias civiles, policías autonómicas y locales.
- Autoridades electas: representantes elegidos democráticamente, como pueden ser los alcaldes, concejales o miembros del gobierno en sus distintos niveles (local, autonómico y nacional).
- Personal sanitario en el ejercicio de sus funciones públicas: aunque más específico, el personal sanitario, cuando ejerce funciones de autoridad en el contexto de la administración pública de salud, también puede ser considerado dentro de esta categoría en ciertos contextos legales.
- Educadores y personal académico en instituciones públicas: en determinadas situaciones, y dependiendo de la legislación específica aplicable, los educadores y personal académico que ejercen funciones públicas también pueden ser considerados autoridades, especialmente cuando están encargados de la supervisión y disciplina dentro del sistema educativo público.
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Penas y multas por atentado a la autoridad
El atentado contra la autoridad, por tanto, se sanciona con penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses si el atentado es directamente contra una figura de autoridad.
Esto refleja la seriedad con la que el sistema legal trata los ataques o la resistencia contra quienes mantienen el orden social y la ley.
Para casos que no involucran directamente a una autoridad pero que sí constituyen un atentado, las penas varían desde los 6 meses a los 3 años de prisión. Aportando una mayor gravedad en función del objetivo y la naturaleza del ataque.
¿Cómo encontrar un abogado para un juicio rápido por atentado a la autoridad?
Si deseas consultar con un abogado para un juicio rápido por atentado a la autoridad, te invitamos a rellenar el formulario disponible en esta misma página en la que te encuentras ahora.
Tras ello, tu petición se enviará a Melendos, una plataforma legal de confianza que conecta a personas como tú con abogados, permitiéndote obtener presupuestos de hasta tres abogados especializados.
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