El acoso es una problemática que ha cobrado especial relevancia en tiempos recientes. No sólo en entornos laborales o escolares, sino también en la vida cotidiana y, especialmente, en el ámbito virtual.
Ante esta realidad, es esencial conocer qué establece el Código Penal español respecto a este delito, cómo se tipifica y qué consecuencias legales puede acarrear para quien lo perpetre.
Definición legal del delito de acoso
Según el artículo 172 ter del Código Penal español, se entiende por delito de acoso a aquel que, de forma insistente y reiterada, sin estar legitimado para ello, realiza actos que atentan contra la libertad o integridad moral de otra persona.
Dicho de otro modo: se trata de conductas que buscan menoscabar la dignidad del individuo, generando en él temor, inseguridad o alterando gravemente su desarrollo normal de vida.
Imagina a alguien que constantemente sigue a otra persona, la vigila, la llama por teléfono repetidamente sin motivo o le envía mensajes de carácter ofensivo. Todas estas acciones, realizadas de manera reiterada, pueden configurar el delito de acoso.
Diferencia entre el acoso y otros delitos
A menudo, se confunde el acoso con otros delitos como las amenazas o las coacciones. Si bien pueden tener elementos en común, hay matices que los diferencian:
- Amenazas: estas se refieren a la manifestación de un daño futuro para la víctima o sus allegados. Se encuentran tipificadas en los artículos 169 y siguientes del Código Penal.
- Coacciones: son actos que buscan obligar a alguien a realizar o abstenerse de hacer algo en contra de su voluntad, mediante violencia o intimidación. Se rigen por el artículo 172 del Código Penal.
Mientras que las amenazas y las coacciones requieren un acto concreto de violencia o intimidación, el acoso se define por su carácter persistente y reiterado, independientemente de la gravedad de cada acto individual.
Consecuencias legales del delito de acoso
Quien comete el delito de acoso puede enfrentarse a un juicio con penas de prisión de tres meses a dos años, o multas de seis a 24 meses, dependiendo de la gravedad y las circunstancias del caso.
Asimismo, es posible que se impongan medidas de alejamiento o prohibición de comunicación con la víctima.
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