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Implicaciones económicas de las diferentes etapas del proceso
Aunque en los últimos años se ha intentado agilizar los trámites para dar una mayor protección a las víctimas, los procedimientos se siguen dividiendo en varias etapas, y esto alarga la resolución de los casos y con ello su coste.
Denuncia
Todo empieza con la interposición de una denuncia por parte de la víctima. Aunque denunciar es gratuito, este acto puede llevar gastos asociados como la pérdida de ingresos por acudir a declarar o al solicitar medidas de protección.
Investigación
En esta fase la víctima asume gastos directos, porque necesita contar con el asesoramiento de un abogado especializado en esta materia. Además, a fin de presentar pruebas que demuestren que el hecho acusado es cierto, es posible que tenga que contratar peritos.
Juicio
Al juicio es imprescindible acudir con asistencia letrada. A este gasto se suman el coste del desplazamiento y la pérdida de ingresos por asistir a las audiencias.
Costes de un juicio por violencia de género
Lo que se paga puede ser más o menos en función del letrado al que se haya contratado.
Cada profesional es libre a la hora de estipular sus honorarios, pero es posible identificar un rango de precios medios en este tipo de procesos:
- Precio mínimo: la cuantía mínima que se paga por contar con un letrado especialista en violencia de género está en torno a los 700 euros.
- Precio más común: la tarifa habitual de mercado está en unos 900 euros.
- Precio máximo: la contratación de profesionales de prestigio y renombre puede tener un coste a partir de los 1.500 euros.
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Otros gastos
Una persona involucrada en un delito de violencia de género tiene que hacer frente a diferentes tipos de gastos.
Pérdida de ingresos
Muchas víctimas tienen que abandonar su empleo o reducir su jornada laboral para estar más protegidas. Esta situación supone un importante perjuicio económico para ellas, porque afecta a su estabilidad económica a largo plazo.
Gastos médicos y psicológicos
Las víctimas requieren atención tanto médica como psicológica para tratar las lesiones físicas y el trauma emocional. Aunque muchos de estos gastos los cubre la Seguridad Social, una parte de ellos debe ser asumida por las afectadas.
Gastos de vivienda
Con frecuencia, las víctimas tienen que cambiar su domicilio para garantizar su seguridad. Esto implica gastos adicionales por pago de fianzas, alquileres, mudanzas, etc.
El coste para la sociedad
El delito de violencia de género tiene un impacto económico directo en las víctimas, pero también un alto coste para la sociedad en su conjunto:
- Gastos en servicios públicos: la pervivencia de esta lacra social hace necesario destinar importantes cantidades de dinero público a la atención a las víctimas.
- Pérdida de productividad: estos delitos reducen involuntariamente la capacidad laboral de las víctimas, lo que tiene un impacto negativo sobre la economía.
- Costes asociados a la criminalidad: la violencia de género puede ir asociada a otros delitos como el acoso o la violencia intrafamiliar, lo que provoca costes adicionales para el sistema judicial y penitenciario.
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