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¿Qué es el delito de amenazas?
La amenaza es un delito que atenta contra la libertad de las personas. El tipo básico consiste en una acción o en la emisión de una expresión que anticipa la posibilidad de realizar un daño o de poner en peligro a otra persona.
Puede dirigirse contra una persona en concreto o contra un colectivo y, a su vez, el mal con el que se amenaza puede ser o no constitutivo de un delito.
En el caso de amenazas graves, el mal tiene que ser un ilícito administrativo, laboral o civil. Por ejemplo, amenazar a una persona con su despido si no accede a hacer algo.
El Código Penal también regula las amenazas leves en el artículo 171.5, dentro de las que se encuentran algunas de las relacionadas con la violencia de género, con la violencia doméstica y otros casos en los que el mal amenazado no revista de especial gravedad.
La diferencia fundamental entre una amenaza leve y otra grave se basa en la entidad que tiene el mal amenazado y en la credibilidad de la propia amenaza. Así, una amenaza verbal se suele considerar leve.
Mientras que para las amenazas leves la pena a imponer no suele exceder de un año de prisión y, en algunos casos, se opta por una pena de trabajos en beneficio de la comunidad.
Para las conductas graves en las que se amenaza con la comisión de un delito, la pena es siempre privativa de libertad y puede llegar a los dos años. En los supuestos de amenazas graves en las que el mal no es constitutivo de delito, se impone una pena de multa.
Coste de un abogado para un juicio por amenazas
El coste de un abogado para un juicio por amenazas depende de la gravedad del delito y de su complejidad. Pero, en todo caso, lo recomendable es contar con un especialista en materia Penal.
Si se trata de un supuesto de amenazas leves, la tramitación procesal va a ser rápida porque se trata de procesos bastante sencillos, lo que influye en los honorarios que solicitan los abogados por sus servicios.
De media, los letrados que brindan asesoramiento legal y defensa en los procesos de delitos de amenazas leves cobran unos 600 euros por su trabajo. El rango queda así:
- Precio mínimo: 300€
- Precio medio: 600€
- Precio máximo: 1.100€
Si se trata de amenazas graves, la tramitación procesal se vuelve más larga y compleja, porque se van a seguir los trámites previstos para el juicio ordinario. El rango de precios que aplican los profesionales para estos casos suele ser el siguiente:
- Precio mínimo: 1.000€
- Precio medio: 1.500€
- Precio máximo: 2.500€
Cuanto más grave y complejo sea el asunto, más va a subir la minuta del profesional, porque mayor esfuerzo y dedicación va a requerir el caso.
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¿Cómo se juzga el delito de amenazas?
Cuando una persona es denunciada por haber cometido presuntamente un delito de amenazas, lo primero que tiene que hacer es ponerse en manos de un especialista en Derecho Penal a fin de que el profesional examine la cuestión y brinde su asesoramiento sobre las opciones legales que hay en ese momento.
El juicio rápido por amenazas
Si lo acusado es un delito leve de amenazas, el procedimiento va a seguir los cauces del juicio rápido. Conocerá entonces de la cuestión el Juzgado de Instrucción o el Juzgado de Guardia de la ciudad en la que se han producido los hechos.
Todo comienza con la interposición de la denuncia por parte de la víctima. Recibida la misma, el Juzgado cita al denunciante y al denunciado para el juicio.
Toda la tramitación es muy rápida, porque en el día previsto para la vista cada parte expone sus argumentos y se practican las pruebas pertinentes, que normalmente suelen consistir en la presentación de documentos o en las declaraciones de testigos.
Tras el trámite final de conclusiones, el juez dicta sentencia en unos días. En caso de que alguna de las partes no esté conforme con esa resolución, puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
En la sentencia, el juez también decidirá si condena o no en costas a quien ha sido declarado culpable de amenazar a otra u otras personas de forma leve.
