Delito de Defraudación del fluido eléctrico

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¿Te imaginas disfrutar de electricidad sin pagar? Aunque suena tentador, esta acción podría llevarte directamente a enfrentarte a cargos legales por defraudación del fluido eléctrico.

En esta guía, desvelaremos los entresijos de este delito: desde su definición legal hasta las consecuencias y cómo un abogado especializado puede ser tu mejor aliado en casos así.

Además, podrás contactar sin compromiso con abogados especialistas en tu ciudad, quienes te asesorarán sobre las mejores estrategias.

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¿Qué es la defraudación del fluido eléctrico?

La defraudación del fluido eléctrico es un delito que consiste en utilizar energía eléctrica sin pagarla, utilizando diversos métodos fraudulentos.

El artículo 255 del Código Penal español lo tipifica claramente, estableciendo penas de multa de tres a doce meses.

Este delito no solo afecta a la compañía eléctrica, sino que implica una clara violación de la ley y un perjuicio económico para quienes sí cumplen con sus obligaciones.

Formas comunes de defraudación eléctrica

Existen varios métodos considerados ilegales para evitar el pago del servicio eléctrico:

  • Manipulación de contadores: alterar los contadores para registrar menos consumo del real es una práctica habitual. Esto se realiza mediante la manipulación interna del aparato, el uso de imanes o la modificación del software del contador.
  • Conexiones directas a la red: otra modalidad frecuente es realizar una conexión directa a la red eléctrica, evitando el paso por el contador. Este método es extremadamente peligroso, ya que no solo es ilegal, sino que también supone un riesgo de electrocución y puede provocar incendios.

Cualquiera de estas acciones, además de ser ilegal, te expone a ser acusado y, potencialmente, condenado por un delito.

Es fundamental entender que no necesitas haber instalado personalmente estos mecanismos; simplemente beneficiarte de ellos ya constituye un delito.

Penas y multas por Defraudación

La pena para el delito de defraudación del fluido eléctrico está claramente estipulada en la legislación española.

Según el artículo 255 del Código Penal, «el que cometiere defraudación usando electricidad, agua, gas, telecomunicaciones o cualquier otro suministro semejante, empleando mecanismos clandestinos o alterando los normales contadores o aparatos indicadores, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses.»

La multa mencionada se calcula en función del sistema de días-multa, lo que significa que la cantidad total a pagar depende tanto del número de meses como de la capacidad económica del infractor.

La cuantificación de la pena se realiza en base al importe económico que representa el consumo no pagado.

Cuando la cantidad defraudada no supera los 400 euros, el delito se considera leve y se sanciona con multas más bajas, de uno a tres meses. Aunque la sanción es menos severa, sigue siendo un acto punible que puede tener repercusiones legales importantes.

Además, es importante saber que este delito prescribe a los cinco años desde que se dejó de cometer la acción ilícita.

Circunstancias agravantes

En ciertos casos, la pena puede agravarse. Por ejemplo, si la defraudación eléctrica se comete en el contexto de otras actividades ilícitas, como el cultivo ilegal de marihuana, las sanciones pueden ser más severas.

Esto se debe a que el fraude eléctrico en estos casos se considera un medio para llevar a cabo otros delitos que tienen un impacto significativo en la salud pública y la seguridad.

Casos de exención de responsabilidad

Según el artículo 268 del Código Penal, modificado en 2015, existen circunstancias bajo las cuales una persona puede estar exenta de responsabilidad penal, aunque no civil, en casos de defraudación del fluido eléctrico:

  • Ausencia de violencia o intimidación.
  • Inexistencia de abuso de vulnerabilidad de la víctima.
  • Relaciones familiares cercanas entre el infractor y la víctima, siempre y cuando no haya separación legal o de hecho.

Responsabilidad civil

Además de las consecuencias penales, los infractores pueden enfrentarse a reclamaciones civiles por parte de las compañías suministradoras de electricidad.

Estas reclamaciones buscan la compensación por las pérdidas económicas sufridas debido a la defraudación.

La responsabilidad civil implica la obligación de reparar el daño causado, lo que podría incluir el pago del consumo no facturado y otros posibles daños y perjuicios.

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¿Qué pasa con los antecedentes penales?

Si el delito de defraudación del fluido eléctrico queda categorizado como un delito penal y resulta en una condena, sí, a la persona condenada contará con antecedentes penales.

Sin embargo, en casos donde el abogado defensor logre demostrar que la responsabilidad del acusado fue meramente civil o que el acusado no tiene responsabilidad alguna, entonces no se registrarán antecedentes penales.

Es importante destacar que incluso en las condenas penales menores, como en el caso de la defraudación leve (cuando la cuantía no supera los 400 euros), también se generan antecedentes penales.

No obstante, según la legislación española, existe la posibilidad de cancelar estos antecedentes tras cumplir ciertos requisitos y plazos, dependiendo de la gravedad del delito y la pena impuesta.

Defraudaciones de fluido eléctrico y delitos contra la Salud Pública

La defraudación del fluido eléctrico no solo se limita a la manipulación de contadores o conexiones ilegales.

En ocasiones, este delito está estrechamente relacionado con otros actos ilícitos, especialmente aquellos vinculados a la salud pública.

Uno de los ejemplos más notorios es el uso de electricidad ilegal en instalaciones dedicadas al cultivo de marihuana.

Cultivo ilegal de marihuana y defraudación eléctrica

En los últimos años, se ha observado un incremento en el número de instalaciones de cultivo de marihuana que utilizan conexiones ilegales a la red eléctrica.

Estas instalaciones suelen requerir grandes cantidades de electricidad para mantener la iluminación, ventilación y sistemas de riego necesarios para el crecimiento de las plantas.

La alta demanda de energía convierte a estas operaciones en clientes ideales para la defraudación eléctrica.

El artículo 368 del Código Penal español tipifica los delitos relacionados con la producción, el tráfico y el cultivo de sustancias estupefacientes.

En muchos casos, estos delitos van acompañados de la defraudación de fluido eléctrico, ya que los cultivadores buscan evitar el alto coste de la electricidad necesaria para sus operaciones.

Ejemplo: En una operación policial, se descubre una plantación de marihuana en una nave industrial. La investigación revela que los responsables han realizado una conexión ilegal a la red eléctrica, evitando así el registro del consumo real de energía y reduciendo significativamente sus costes operativos. Esta defraudación no solo afecta económicamente a la empresa suministradora, sino que también pone en riesgo la seguridad del suministro eléctrico en la zona.

La combinación de defraudación eléctrica y delitos contra la salud pública agrava las sanciones para los infractores.

Los tribunales pueden considerar la defraudación eléctrica como un factor agravante, aumentando las penas de prisión y las multas correspondientes.

Además, las operaciones de cultivo ilegal de marihuana suelen implicar un riesgo adicional para la seguridad pública debido al uso intensivo de electricidad sin las medidas de seguridad adecuadas, lo que puede provocar incendios o explosiones.

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